Ratifican la intervención de Papel Prensa y el Estado puede ir a la Corte

El magistrado rechazó el cese de la coadministración judicial en la compañía dispuesta por la Cámara de Apelaciones. Argumentó que rige el plazo para que los representantes públicos impulsen un recurso extraordinario.
En Papel Prensa, todos saben que la solución es política. Sin embargo, el juego judicial permite avanzar o retrodecer varios casilleros. Ganar tiempo, de eso se trata. Ayer, el juez Comercial Eduardo Malde –que sigue los movimientos de la fábrica de papel de diario– decidió que “no resulta tornar operativa la decisión de la Cámara de cese de la intervención” hasta tanto “no se encuentre agotado” el plazo que tienen el Estado nacional y la Comisión Nacional de Valores (CNV), para presentar un recurso extraordinario que eleve el caso a la Corte Suprema de Justicia.
El miércoles, el tribunal de alzada había ordenado al magistrado levantar la coadministración judicial que había sido solicitada por los funcionarios de la CNV, ante las reiteradas denuncias de irregularidades en la gestión de la compañía por parte de los socios privados y las trabas que debe sortear el Estado para acceder a la información contable de la firma. La Cámara también desplazó del Directorio de Papel Prensa a Beatriz Paglieri, Pablo Cerioli y Eduardo Gallo, los tres funcionarios que habían sido nombrados por la presidenta Cristina Fernández, a través de un decreto.
Ayer por la tarde estaba convocada una reunión de Directorio en la sede de Papel Prensa de la calle Bartolomé Mitre. Los representantes del Estado no asistieron, por lo que sólo se trataron dos de los 12 puntos del orden del día. La decisión del juez Malde llegó sobre la hora y permitió al coadministrador judicial, Martín Arecha, participar de la junta.
Se decidió comenzar con el proceso de concurso público para elegir un nuevo contador certificante. En la última asamblea, los funcionarios del Estado cuestionaron la idoneidad del estudio contratado hace más de 30 años, por considerar que mantiene estrechos vínculos con el Grupo Clarín y el diario La Nación. Fue uno de los pocos puntos que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, logró romper con la “mayoría automática” de los diarios. Además, los directores privados coincidieron ayer en que la próxima asamblea de accionistas será el 20 de octubre.
Todos los días, las resoluciones de la justicia van y vienen en las oficinas de Papel Prensa. El jueves a última hora, llegaron las notificaciones de la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de desplazar a los directores estatales y al coadministrador judicial nombrado por Malde. Otro tanto sucede a diario en la Comisión Nacional de Valores que sigue de cerca todos los movimientos de la empresa. El plazo para presentar el pedido de recurso extraordinario ante el tribunal de alzada –que deberá decidir si lo acepta y lo eleva a la Corte Suprema de Justicia– vence entre el próximo martes y el próximo miércoles, según la fecha en que fueron recibidas las circulares de notificación. Hasta entonces, todo queda como está. Sin embargo, tanto los socios privados como los representantes públicos, están jugando sus últimos cartuchos para intentar levantar la intervención, y prácticamente excluir al Estado de espacios de decisión, o mantener la medida para participar de la definición del futuro de la compañía, sobre la que pesan distintas denuncias de administración irregular, sobreprecios y retornos en la facturación.
“El fallo es nulo de nulidad absoluta, porque acá se han burlado del Ministerio Público”, afirmó la fiscal general de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Alejandra Gil Carbó. Según la funcionaria judicial, el tribunal de alzada omitió el dictamen del organismo. “En ningún momento pude opinar, porque los jueces no me remitieron el expediente”, explicó Gil Carbó. Agregó que “nunca había sucedido en la Cámara que los jueces no remitan al fiscal un caso de tanta relevancia mediática”.