Beatriz Paglieri, Eduardo Omar Gallo y Pablo Aldo Cerioli ya no serán, al menos momentáneamente, directores de Papel Prensa en representación del Estado Nacional. Pero su lugar será ocupado por directores suplentes designados también por el gobierno, de modo que la representación estatal en el directorio está garantizada. Eso fue lo que resolvió el juez en lo Comercial Eduardo Malde, el mismo que el viernes pasado se negó a dar por terminada la intervención parcial de la empresa que él mismo había decidido y que la Cámara le había revocado, porque ese fallo aún no está firme.
Papel Prensa se convirtió también en objeto de tironeo en tribunales. Paglieri, Gallo y Cerioli fueron apartados de sus cargos por decisión de los accionistas mayoritarios (Clarín y La Nación), que desaprobaron “la gestión de los miembros del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y del Consejo de Vigilancia durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009”.
Todo ocurrió en una accidentada reunión que se dio en dos etapas, ya que se inició el 3 de junio pasado, se suspendió en medio de una áspera disputa entre las partes, y se reanudó finalmente el 12 de agosto, cuando los privados impusieron su criterio.
Decidieron también dar inicio contra los directivos “de la acción social de responsabilidad”, mediante la cual juzgarán su comportamiento, en lo que se insinúa como la antesala de la decisión de expulsarlos definitivamente. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, pidió al juez Malde una medida cautelar que dejara transitoriamente sin efecto las salidas de los directores titulares del Estado. Pero el juez debió aplicar la “obediencia debida judicial”, acató el criterio de la Cámara –su superior jerárquico– pero aclaró que la salida de los tres directores no podía significar la falta de representación estatal.
Y en ese contexto, subrayó que “ante el apartamiento de los tres directores titulares elegidos por el Estado Nacional en la asamblea del 3 de junio, pasan a ocupar su lugar los tres suplentes elegidos por aquel”. Cambian los nombres (todavía hay una causa judicial de fondo que podría revertir esa situación) pero se mantienen tres directores en representación estatal.
El juez Malde apeló a la poesía para graficar su acatamiento al criterio de la cámara. En una causa tan salpicada por sospechas de violaciones a los Derechos Humanos, citó a Federico García Lorca, el poeta español asesinado por la dictadura franquista: “Verde que te quiero verde, / verde viento, verde ramas, / el barco sobre la mar / y el caballo en la montaña (…) si yo pudiera mocito, / este trato se cerraba,/ pero yo ya no soy yo, / ni mi casa es ya mi casa.”
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