El procurador Da Rocha estudia el informe antes de promover acciones legales

La Cámara Federal confirmó que el juez platense Arnaldo Corazza deberá investigar si se cometieron delitos de lesa humanidad.
El informe sobre la forma en que habrían sido traspasadas las acciones de Papel Prensa por los herederos del Grupo Graiver a los accionistas privados Clarín, La Nación y La Razón ya anotó dos pasos judiciales trascendentes.
Por un lado, la Cámara Federal confirmó que no será Daniel Rafecas quien debe investigar los presuntos delitos de lesa humanidad cometidos contra la familia Graiver sino el juez platense Arnaldo Corazza, quien en las próximas horas recibirá parte del expediente de manos de su colega porteño.
Por el otro, el denunciante crónico Enrique Piragini, que habitualmente querella al gobierno, presentó una causa penal contra la presidenta Cristina Fernández, a quien le imputó los supuestos delitos de “subversión institucional, persecución y discriminación, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, por la campaña de difamación y las maniobras tendientes a desapoderar a los legítimos tenedores de las acciones de Papel Prensa”.
Planteada la situación en estos términos, sólo resta que el gobierno lleve las pruebas recolectadas en el informe a la justicia. Pero fuentes judiciales dijeron a Tiempo Argentino que ello demandará algunas horas más, pues el encargado de formular las presentaciones es el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, quien hace 36 horas está virtualmente encerrado, estudiando toda la documentación. “Hasta que no haya leído el informe, para saber qué hay en esos papeles y qué le sirve para presentar una o varias causas, no va a salir a decir nada. El Estado es un ‘cliente’ que acaba de llevarle un caso muy grande a su abogado, y el abogado está estudiando para contestarle qué es lo que puede hacer al respecto”, explicó una fuente consultada por este diario.
La intervención del juez Corazza, en tanto, tiene su explicación. El centro clandestino de detención Puesto Vasco, donde estuvieron secuestrados los integrantes del Grupo Graiver, está situado en la localidad de Don Bosco, partido de Quilmes. Esa zona es jurisdicción de La Plata, y Corazza ya intervino en una causa por delitos de lesa humanidad cometidos por lo que se conoció como “el circuito Camps”. A principios de este año, el juez en lo comercial porteño Eduardo Malde –quien entiende en el Expediente 097222, Estado Nacional c/Papel Prensa SACIF– tomó conocimiento de los relatos de Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, y Rafael Ianover, su testaferro, durante una asamblea de accionistas. Ambos hablaron de las presiones y los apremios ilegales para firmar el traspaso de acciones.
El juez extrajo testimonios, remitió los antecedentes a la justicia federal porteña, y el juez Daniel Rafecas, a sabiendas de que ya existía una causa en La Plata, se declaró incompetente y la envió hacia allá. Pero antes, reconoció en su resolución “la posibilidad de delitos de lesa humanidad”. En las últimas horas, la Cámara Federal ratificó la decisión.
En cuanto a la denuncia de Piragini, recayó en el Juzgado Federal número 10, a cargo de Julián Ercolini, con intervención del fiscal Guillermo Marijuán. “Las graves contradicciones contenidas en el discurso que la denunciada profiriera a través de la Cadena Nacional, traduce intencionalidad e ignorancia de términos jurídicos, lo cual –una vez más– pone en duda su calidad de abogada. Para considerar los alcances de su conducta se sugiere una evaluación psicológica de la mandataria y verificar si culminó la carrera de abogacía”, escribió el denunciante.