“El debate debe tener la misma impronta que la Ley de Medios”

El Poder Ejecutivo Nacional remitió al Congreso un proyecto que tiende a democratizar el libre acceso al derecho de información.
La Cámara de Diputados es la de origen y resulta esperable entonces que todos los sectores con representación parlamentaria, más allá de sus pertenencias partidarias, contribuyan a que no haya un poder controlante del suministro de pasta celulosa y de papel, insumo básico para la prensa gráfica.
Durante más de tres décadas han sido dos diarios de circulación nacional –Clarín y La Nación– quienes detentaron, de forma obviamente oligopólica, la producción del papel de diario, quienes –como lo han confesado los propietarios de las empresas mencionadas– al controlar el insumo esencial, controlan la información.
Ubicándonos en el contexto de la época, cabe observar que Papel Prensa no se trató de un mero negocio económico. La decisión de la dictadura era mucho más profunda. Se trataba también de someter y para ello, un mecanismo propicio era la concentración autoritaria de todo, incluso de la información. En esa misma línea ubicamos la Ley de Radiodifusión, la Ley de Entidades Financieras y la mutilación de la Ley de Contrato de Trabajo. Por supuesto que formaba parte de la metodología del terror, el asalto a redacciones, sindicatos, la desaparición, tortura, prisión, presiones, de las que fueron víctimas trabajadores, periodistas, empresarios de medios, etcétera.
Si existieran razones que explicaran que la única manera de producir pasta celulosa es a través del monopolio de la producción –hipótesis que obviamente niego– preferiría que esa actividad quede en manos del Estado y no de particulares.
Como creo que esa hipótesis es falsa, es útil que se discuta cómo garantizar que todos los medios del periodismo gráfico accedan por igual “...en un marco de trato equitativo y digno”, a dicha materia indispensable para la actividad gráfica.
Por ello, se trata de cumplir adecuadamente con los derechos y garantías constitucionales desde el mismo Preámbulo que ordena afianzar la justicia, hasta los Tratados Internacionales (Art. 75 Inc. 22 de la Constitución Nacional, que incorpora dichos tratados).
Pareciera de sentido común y más allá de la normativa vigente, que la sociedad toda resultará gananciosa si se multiplicaran los medios de opinión, de manera tal que llegue al pueblo la mayor diversidad de la información. Es, además, una forma de garantizar (evitando prácticas desleales como la de fijar precios, cantidades, etcétera) iguales condiciones de contratación, para los propietarios oligopólicos que para el resto de los propietarios medianos, pequeños, comunitarios, solidarios, sociales; algunos sin ánimo de lucro, pero con iguales derechos a la libertad de prensa y de expresión.
La historia de esta lucha que tiene diversas facetas no es reciente, tiene casi 33 años. Y digo diversas facetas porque hubo quienes cuestionaron la propiedad en dos manos desde la perspectiva empresaria y otras desde el derecho de la ciudadanía. En el primer caso, citaré lo que escribía Julio Ramos en Los cerrojos a la prensa, página 291, edición septiembre 1993, cuando afirmaba: “¿Qué pueden hacer pequeños y apenas rentables diarios del interior contra Clarín, si dependen de la cuota de papel que les acerca para ponerlos a su servicio? ¿Se puede criticar eso? ¿Se pueden denostar a esos pequeños y medianos diarios con permanentes sofocones económicos, cuando mandatarios como Alfonsín y Menem −quienes bien podían resistir el lobby de Clarín− le entregaron todo lo necesario para que acreciente su dominio? Así surgieron el nazismo y el fascismo. Por los errores de visión política. Lástima que no pierden solamente los políticos que se equivocan sino los pueblos.”
En esta discusión no caben chicanas. No se trata de minimizar la cuestión de fondo como si fuera una mera pulseada de un grupo económico con el oficialismo. Esto sería perder una oportunidad histórica ya que en el pasado no se dio, entre otras razones, por cuanto la relación de fuerzas entre las corporaciones y el poder político se inclinaba a favor de las primeras.
Querer plantear que no es momento para el debate parece una mera excusa dilatoria. Si veinte años no es nada, al decir de Carlos Gardel, recordemos que ya ha pasado, mucho más tiempo de vigencia de esta verdadera patología.
El debate debe darse con la misma impronta con que discutimos la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual: este proyecto es la continuidad de aquella libertad por otros medios. Recurrir a una interpretación del Artículo 32 de la Constitución, anatematizando el proyecto como una medida violatoria de la libertad de imprenta, nos parece no sólo ilógica, sino contradictoria. Si no hay papel, no hay libertad de imprenta.


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