La presidenta vetó el 82% móvil y calificó de “okupa” a Julio Cobos

El riesgo de desfinanciamiento del Estado empujó al Ejecutivo a rechazar la norma sancionada por el Congreso. “Es una ley de quiebras”, dijo la mandataria. Además, advirtió sobre los intereses que se ocultan detrás de la oposición.
Basta de estafar al Estado. No puedo permitir la quiebra del Estado argentino por quienes les quitaron el 13% de los sueldos a los jubilados y decretaron el default.” Con la advertencia sobre el riesgo de desfinanciamiento como eje argumental, la presidenta Cristina Fernández vetó anoche la ley de aumento de las jubilaciones al 82% del salario mínimo, vital y móvil, que el Senado había sancionado por la madrugada con el decisivo respaldo de Julio Cobos, a quien la mandataria calificó ayer de “okupa” por ejercer su cargo de vicepresidente en contra del voto popular de 2007.
Cristina había dejado en claro la decisión de vetar la norma. Durante la mañana, cuando encabezó el acto de inauguración de la Universidad Nacional de Moreno, fue categórica: “No es una ley de 82% móvil, es una ley de quiebra del Estado y estafa a los jubilados”. Horas después, durante un acto en la Casa Rosada, confirmó la decisión y apuntó con dureza a las fuerzas opositoras del denominado Grupo A, que integran el radicalismo, la Coalición Cívica (CC), el macrismo y el Peronismo Federal. Tras el veto, ese frente deberá reunir en el Congreso una mayoría especial para insistir con el proyecto.
El riesgo de desfinanciamiento del Estado Nacional por un gasto extra de 30 mil millones de pesos, cuyo origen no fue determinado en la ley aprobada en el Congreso, empujó al Ejecutivo al escenario del veto. El oficialismo había adelantado varios meses atrás que apelaría a ese recurso constitucional si la oposición lograba avanzar con el aumento de las jubilaciones al 82% sin justificar su fuente de financiamiento. Por eso, el gobierno justificó la medida en el incumplimiento del artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, el que establece que todos los gastos del Estado no previstos en el Presupuesto deben especificar la fuente de recursos para su sustentabilidad.
El Ejecutivo también objetó el plazo de 30 días que una cláusula de la ley impone para la “venta” del Fondo de Garantía de la ANSES, que permite la movilidad jubilatoria. “Para que los monopolios mediáticos desinviertan, un año es poco. Para los jubilados, 30 días y a remate público”, advirtió. Fue una alusión directa al artículo 161 de la Ley de Medios, que obliga a las empresas a desprenderse de parte de sus acciones y que el Grupo Clarín objetó en la justicia.
Tras confirmar la firma del decreto que también incluye un pormenorizado repaso de las marchas y contramarchas alrededor del 82% móvil a partir de 1958, cuando se dispuso su implementación, la presidenta advirtió que los diputados y senadores que empujaron el proyecto son en realidad “máscaras” de intereses más fuertes. Y mencionó la operación de compra de acciones “de un importante multimedios” (en referencia al Grupo Clarín) por parte de las ex AFJP. “Quieren la quiebra de esta empresa que es la Argentina”, afirmó.
Aunque en el gobierno advierten que la oposición explotará en los próximos días las críticas al veto, la presidenta aseguró que nunca pensó en el “costo político” de la medida en un tema tan sensible como el de los haberes jubilatorios. Con los dos discursos de Cristina, el esfuerzo del gobierno se concentró ayer en explicar las razones del rechazo, en cuestionar la falta de sustentabilidad futura de la ley empujada por la oposición y, especialmente, en justificar la decisión presidencial desde varios frentes institucionales. “La presidenta está encauzada rumbo al veto. No podemos de ninguna manera desfinanciar al Estado y volver a caer en situaciones dramáticas como las que tuvo el país cuando no se administró con responsabilidad”, había dicho antes del anuncio el gobernador Daniel Scioli. El mandatario bonaerense participó junto a Cristina, Néstor Kirchner, los ministros Alberto Sileoni (Educación) y Alicia Kirchner (Desarrollo Social) y el titular de la ANSES, Diego Bossio, del acto en Moreno. “Bien Cristina, muy bien”, le dijo en los saludos.
Aunque dedicó algunos párrafos para vincular la actitud de Cobos con la traición –“tenemos un vicepresidente okupa, pero somos tan respetuosos de la legalidad y la Constitución que nadie va a pedirle la renuncia”, advirtió–, las críticas más duras de la presidenta apuntaron al arco opositor, desde el radicalismo y las fuerzas que integraron la fallida Alianza de Fernando de la Rúa hasta el duhaldismo. “Si este gobierno pudiera, ni siquiera daría el 82, seguramente daría el 100%”, advirtió antes de acusar a los legisladores opositores que aprobaron la ley de ser los funcionarios o representantes parlamentarios que avalaron el recorte del 13% en los haberes jubilatorios durante el gobierno de la Alianza de radicales y frepasistas. “Andan diciendo ‘bueno, vamos a ver cómo se financia, alcanzaría para el año 2011’. Cuánta ineptitud. Y quieren volver a ser gobierno. Corre escalofrío por la espalda de tan sólo pensar que tuvieran la responsabilidad de tu sueldo y tu vida otra vez”, dijo, coloquial, la presidenta.
Fue el propio Cobos quien ayer admitió que, tras la sanción parlamentaria de la ley que promueve el aumento de las jubilaciones, el Congreso deberá trabajar para encontrar “la fuente de financiamiento”. Es más, el vicepresidente habló de hacer “sustentable” en el tiempo el esquema aprobado en el Senado Nacional.
La presidenta hizo un repaso preciso de la historia reciente, que luego repitió en la Casa de Gobierno durante el acto que se interrumpió con un breve corte luz. “Dicen que quieren cubrir a nuestros jubilados. ¿Por qué votaron en contra cuándo recuperamos los recursos de las AFJP? ¿Por qué votaron en contra de la movilidad jubilatoria? Tuvieron que retirarse dos veces por ineptitud para la gestión”, dijo antes de mencionar el estallido social de 2001 y la masacre de Avellaneda que aceleró la salida del ex presidente interino Eduardo Duhalde