La Cámara Federal dejó a Macri más cerca del juicio oral y público

Por Néstor Espósito
El tribunal de alzada rechazó un recurso para que se revise el procesamiento del jefe de gobierno porteño. Declaró “inadmisible” la presentación de la defensa y descartó que, por el momento, exista “gravedad institucional”.
El juicio oral y público contra Mauricio Macri, por su presunta pertenencia a una asociación ilícita montada al amparo de la Jefatura de Gobierno porteña para espiar a enemigos familiares y opositores políticos, tomó ayer forma de posibilidad concreta, más que de hipótesis. La Cámara Federal rechazó el recurso de apelación –que Macri anunció que no presentaría y finalmente presentó– contra la confirmación del procesamiento. Lo hizo con argumentos puramente jurídicos, pero cerró una puerta que pudo haber estirado los tiempos para que Macri y los otros acusados, entre ellos el frustrado titular de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios y el presunto espía Ciro James, se sienten en el banquillo de los acusados, frente a un tribunal integrado por tres jueces, con todas las luces apuntadas sobre sus rostros.
La Sala Primera de la Cámara Federal, el mismo tribunal al que Macri descalificó el 15 de julio pasado atribuyéndole dependencia política de origen (a uno de los jueces lo sindicó como “puesto” por el auditor general de la Nación, Javier Fernández, a quien llamó “operador” del kirchnerismo en la justicia), declaró “inadmisible” la apelación que intentaron sus abogados, Santiago Feder y Ricardo Rosental. Ambos se ilusionaron con el voto en disidencia de la camarista de Casación Liliana Catucci sobre la existencia de una asociación ilícita, cuando se pronunció sobre la situación de Palacios.
Pero el ex comisario está preso y Macri no. Y esa diferencia es central en esta historia, porque un procesado libre no justifica la intervención del tribunal superior, en este caso la Cámara de Casación Penal. El procesamiento sin prisión preventiva no causa un “agravio de imposible reparación posterior”. Eso dijeron en el fallo unánime, de cuatro páginas, los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah. Descartaron también que, de momento, exista “gravedad institucional”, causal que invocó la defensa del jefe de gobierno. Los abogados “invocaron pero no desarrollaron” ese argumento, lo que representa un “defecto de fundamentación” que impide aceptar el recurso.
Ni siquiera la alusión al proceso de juicio político en marcha (que no será lo rápido que esperaba Macri, ya que primero deberá pronunciarse la Comisión Investigadora de la Legislatura, la cual formalmente aún no comenzó a trabajar) convenció a los jueces: “La eventualidad de un juicio político es un curso meramente hipotético, que no es actual y que depende de otros factores ajenos a la causa penal.”
Macri tiene todavía una posibilidad de llegar hasta la Casación, la máxima instancia penal del país. Sus abogados pueden elaborar un “recurso de queja”, pero saben desde el vamos que las chances de éxito son mínimas.
Así planteado el escenario, la iluminación cenital volverá a posarse sobre el juez federal Norberto Oyarbide. El magistrado está técnicamente en condiciones de dar por clausurada la investigación de la causa por las escuchas ilegales en lo que se refiere a Macri con el procesamiento confirmado por las escuchas contra su cuñado Néstor Leonardo y el dirigente de la comunidad judía Sergio Burstein, y pedirle a la fiscalía –que en este caso comparten Alberto Nismam y Jorge Di Lello– que requiera la elevación de la causa a juicio oral. También debería “correrle vista” a la defensa del jefe de gobierno, a las querellas, y en un plazo que podría ser no superior a tres meses, mandar el expediente a la etapa siguiente, para que un tribunal oral realice la “instrucción suplementaria”, el paso previo al juicio propiamente dicho