Un juez federal de Mar del Plata hizo lugar ayer a una medida cautelar reclamada por una asociación de consumidores, y les ordenó a la empresa Fibertel y al gobierno que garanticen la prestación del servicio, en idénticas condiciones, a todos los abonados. En su resolución, el magistrado Alfredo López, del Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata, reclamó además a las partes que informen en diez días hábiles si se encuentra asegurada la prestación del servicio de Internet hasta tanto el Estado provea de un servicio similar a través de los nuevos proveedores.
En diálogo con Tiempo Argentino, Ceferino Namuncurá, titular de la Comisión Nacional de Comunicaciones, aseguró que la decisión “va en línea con lo que nosotros pedimos, y con la Resolución 102, que obliga, justamente, a garantizar que el paso de prestador que debe darse en 90 días, sea gratuito”. La normativa, dada a conocer el martes último, exige además que las tarifas mensuales de aquellos que reciben a los migrantes sean iguales que las de la extinta Fibertel
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