Nueve inspecciones oficiales no pudieron frenar otro derrumbe

El entrepiso de un boliche de Palermo cedió ayer a la madrugada. Fallecieron dos chicas de 20 y 21 años, y hubo 33 heridos. Según el gobierno porteño, ocurrió por el mal uso de las instalaciones. Pero había menos gente de la permitida.
El entrepiso de un local bailable de Palermo llamado Beara se derrumbó durante la madrugada de ayer y dos jóvenes murieron aplastadas por la estructura, compuesta por un material llamado superboard. El gobierno porteño apuntó al “mal uso de las instalaciones”, pero la justicia investiga si el lugar estaba correctamente habilitado. Hasta anoche, en el sitio saliseguro.gov.ar seguía apareciendo como apto. Uno de los asistentes afirmó haber pagado una entrada, a pesar de que el lugar no tenía permitido la venta.
La Ciudad de Buenos Aires tiene unos 250 inspectores, de los cuales 60 están afectados a habilitaciones y permisos, pero supera los 1500 establecimientos nocturnos. Uno de ellos, el bar Beara ubicado en la avenida Scalabrini Ortiz 1638 resultó ser una trampa mortal para Ariana Beatriz Lizarraga, de 20 años, y Leticia Paula Provedo, de 21, dos jóvenes que habían asistido a una de las tantas fiestas privadas que organiza el grupo societario que administra el lugar y que está integrado por siete personas. Sin embargo, la causa que investiga los hechos sucedidos a las dos de la madrugada de ayer, y que además tuvo 33 heridos (entre ellos, la hija del intendente la capital riojana, Ricardo Quintela, con doble fractura de pelvis), sólo tiene una persona demorada: Juan Carlos Yun, uno de los socios de El Viejo Sabio SA, la firma que aparece como titular del espacio en el expediente N° 55784/2007 y fuentes judiciales confirmaron: “Hay un profesional que habilitó.”
Diego Pirota, abogado de Yun, manifestó a Tiempo Argentino: “la fiesta terminó y el lugar estaba al 30% de la cantidad de gente que había una hora antes. Mi cliente estaba arriba en el lugar que se desmoronó y ayudó a sacar gente, incluso a una de las chicas que después perdió la vida. Fue una fatalidad.” Asimismo, explicó que el grupo societario está integrado por personas jóvenes –Yun tiene 27 años– que “están haciendo sus primeras armas en negocios”.
El abogado, además, indicó que el establecimiento estaba en regla y que no hubo reformas respecto de los planos presentados hace unos cuatro años cuando comenzó a funcionar.
“No hemos encontrado fallas en el control del Estado”, se apuró a afirmar el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en una conferencia de prensa que ofreció en la sede de la administración junto al secretario de gobierno, Marcos Peña, y el titular de la Agencia Gubernamental de Control, Javier Ibáñez.
“Vamos a trabajar a fondo para que se conozcan los responsables”, prometió por su parte Peña, quien de todos modos pidió “prudencia” hasta que se conozcan los resultados del trabajo de peritos de la justicia.
Rodríguez Larreta aseguró también que el gobierno porteño “colaborará con la justicia” para esclarecer lo sucedido y subrayó que desde el primer momento la administración macrista estuvo “acompañando a las familias”, víctimas de esta “triste desgracia”. De forma casual, el hecho impidió que en esa misma sede el funcionario reciba a sobrevivientes de Cromañon para discutir la suspensión de 400 subsidios incluidos en el presupuesto anual aprobado por la Legislatura, tal como consignara este diario en su edición de ayer.
En consecuencia, el recuerdo del incendio sucedido en Once apareció como registro insoslayable. “Quedamos atrapados entre los escombros y se me cruzó por la mente la tragedia de Cromañón, porque además se cortó la luz”, contó Pablo Díaz, un joven de 23 años que acudió a Beara. “Yo estaba con mi amigo abajo y de golpe se nos cayó el entrepiso en la espalda y me tiró al suelo, quedé con las manos hacia adelante, las piernas atrás y las rodillas dobladas.” Contó que había ingresado al local junto con un amigo “a las 2:30, por eso pagamos la entrada de 20 pesos con una consumición, porque si no era hasta las 2 y por lista”.
A través de un comunicado, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) informó que “la actividad de las casas de fiestas privadas se caracteriza por efectuarse por lista de invitados. Si esto no ocurre y se convoca gente y se venden entradas en la puerta se convierte en Local de Música y Canto (recitales) o Local de Baile (baile), se comete una infracción. En fiestas privadas se admiten grupos en vivo.” La última aclaración responde a que minutos antes de producirse la caída del entrepiso tocó el grupo tropical Ráfaga. Al parecer, la finalización del show habría provocado que buena parte de los 250 asistentes se retire y otro grupo subiera al sector donde funcionaba el VIP, hecho que podría haber provocado el desplome. La primera de las aclaraciones responde a que Beara fue “dos veces clausurado” por irregularidades en la venta de entradas (desvirtuación de rubro), lo que fue desestimado por la justicia contravencional, que levantó las clausuras, según la AGC.
El gobierno porteño sostuvo que el entrepiso del local –que cuenta con habilitación municipal desde el 28 de agosto de 2009 como restaurante, café bar y casa para fiestas privadas– estaba habilitado. Para ello, se exige un certificado de sobrecarga firmado por un profesional matriculado, que se cumplió. Incluso, este año, había sido inspeccionado nueve veces, la última el 5 de septiembre.
Otra versión, que no pudo ser confirmada, indica que dos protagonistas de la serie juvenil Casi Ángeles se encontraban en el VIP mirando el espectáculo cuando fueron localizados por algunas adolescentes que subieron para saludarlos y sobrecargaron la estructura.
La investigación quedó a cargo de la jueza de instrucción Alicia Iermini. Según allegados al sumario penal, por ahora caratulado como “N.N.”, la magistrada pidió al gobierno porteño que, a través de la dependencia que corresponda, le envíe también la documentación relacionada con la habilitación del espacio ubicado en el entrepiso de Raúl Scalabrini Ortiz 1638, donde se produjo el hecho.
En consecuencia, el lugar está clausurado en forma preventiva para preservar la prueba y se secuestró toda la documentación respecto de su funcionamiento