El juez que dictó la cautelar de Fibertel se declaró incompetente

El magistrado Elvio Sagarra sabía que no le correspondía entender en la causa, pero igual benefició a Clarín a través de una insólita maniobra. Ayer remitió el expediente a la justicia federal platense, que deberá sortearlo .
El juez civil y comercial de La Plata, Elvio Bautista Sagarra, el mismo que dispuso frenar la resolución de la Secretaría de Comunicaciones que decretó la caducidad de Fibertel como proveedora de acceso a Internet, supo –aun antes de tomar esa decisión– que él no tenía facultades para actuar en ese expediente. Y, de hecho, ayer se sacó la causa de encima. Tras fallar a favor de la empresa, mandó el expediente a la Justicia Federal platense, que sí tiene, por ley, que entender en la cuestión. El desenlace no es casual y parece el resultado de una cuidadosa estrategia que habría incluido apelar al polémico “forum shopping” -elección de un juez específico para realizar la presentación y evitar el sorteo- y forzar la conexidad con otra causa iniciada por la Asociación de Vendedores Ambulantes de la provincia de Buenos Aires, para lograr la competencia del magistrado elegido, en este caso Sagarra.
Fuentes de Tribunales reconstruyeron a Tiempo Argentino el paso a paso de este plan: para eludir el sorteo del amparo en la receptoría de mesa de entradas de la Corte, el abogado de Fibertel dijo que el juicio tenía conexidad con el de los vendedores ambulantes que tramitaba en el juzgado. Como el encargado de admitir esa conexidad es el juez y no el demandante-siempre que sea en función de intereses colectivos o difusos, cosa que no parece darse en este caso- , el recurso fue aceptado y derivado a Sagarra. Por último, el magistrado estableció una polémica vinculación con otro expediente a su cargo que curiosamente no tiene nada que ver con Fibertel: Asociación de Vendedores Ambulantes de la provincia de Buenos Aires contra Municipalidad de La Plata.
La incompetencia de Sagarra no surge de una interpretación tendenciosa, ni teñida de ideología política alguna. El propio juez siempre supo que él no era competente para tamaña cuestión, y lo hizo explícito en el primer párrafo del fallo que firmó el 24 de setiembre.
“Encontrándose demandado conjuntamente con Cablevisión SA –con domicilio en esta ciudad– el Estado Nacional, las presentes actuaciones deberán continuar su tramitación ante la Justicia Federal de La Plata”, escribió, antes de poner en el freezer una resolución de un organismo estatal que, como todas, goza de la presunción inicial de legitimidad. Es decir: lo que hacen los gobiernos se supone legítimo: quienes reclamen contra una norma deben probar la inconstitucionalidad.
Sagarra, según anunciaron ayer fuentes oficiales, “remitió a la Justicia Federal de La Plata la causa en la que dictó una medida cautelar que suspende la aplicación y ejecución de la resolución 100/10 de la Secretaría de Comunicaciones, que había decretado la caducidad de la licencia de la empresa Fibertel”.
En La Plata hay cuatro jueces federales de primera instancia en condiciones de recibir el expediente: Manuel Blanco, quien tiene competencia penal y electoral; Adolfo Ziulu, civil, comercial y contencioso Administrativo; Arnaldo Corazza, penal, y el subrogante José Deglaue, civil y comercial. Cualquiera de ellos debió intervenir, de entrada, ante la acción de amparo presentada por una usuaria de Fibertel, María Eugenia Espósito, invocando “intereses difusos” que consiguieron una medida que alcanza desde un juzgado ordinario a todo el país.
Con todo, lo que hizo Sagarra es correcto desde el punto de vista procesal. Cualquier juez, de cualquier jurisdicción, está facultado para disponer una medida cautelar.
Pero para resolver con tamaña urgencia debería existir un real “peligro en la demora”. Los ejemplos clásicos son los de una operación a un paciente en riesgo de muerte, el remate de la vivienda de una familia, el corte del suministro de gas o luz o el inminente cese en sus tareas de una empresa proveedora de servicios.
El juez Sagarra entendió que, pese a que quedan muchos días por delante hasta la fecha fijada por el Estado para el cese definitivo de Fibertel, debía resolver el mismo día en que le presentaron el amparo. Y lo hizo, además, consagrando el efecto erga omnes, es decir, que una decisión tomada en un caso particular “expanda sus efectos vinculantes hacia todos los que poseen esos intereses homogéneos”. El efecto erga omnes no está en la base del derecho argentino, que resuelve caso por caso. Apenas la Corte Suprema de Justicia consagró la “acción de clase”, que sólo se aplica en casos excepcionales